Esta nueva regulación ¿qué supone para las empresas de intermediación turística y de servicios de viaje?

Esta nueva regulación es el desarrollo de la ley 2/2011 de 31 de enero de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, algo esperado desde su publicación; además de una adaptación a las disposiciones europeas, a la evolución del mercado y sus necesidades; siempre beneficioso y necesario para las empresas y sus intereses.

En particular, para las empresas organizadoras profesionales de congresos y eventos, que no están presentes casi en ninguna reglamentación, es un paso más al posicionamiento de los OPC y a su importancia en el sector turístico y de esta manera se les da un marco legal para su protección y defensa ante, por ejemplo, el intrusismo.

¿Qué aspectos aborda este decreto?

Fundamentalmente aborda la obligación de garantías y seguros de responsabilidad civil, como protección para los consumidores, para nuestros clientes y a la vez para las propias empresas de intermediación y organización.

Al respecto de los organizadores profesionales, además, define y establece su marco de actuación y funciones, lo que contribuirá a que más de uno entienda nuestro trabajo.

¿Cuáles son los beneficios que trae para el sector MICE?

A la espera de poder tener datos y analizar cómo afectará en el tiempo, hoy en día, solo con la publicación, considero que ayuda a un mayor posicionamiento y reconocimiento de las empresas organizadoras y obliga a las que ya están operando en el mercado y a las que quieran operar en un futuro, a ceñirse a un marco legal hasta ahora casi inexistente, que debe contribuir a su defensa.

Todo esto para el sector MICE es beneficioso, contribuirá a una mayor profesionalización y a una mayor protección de las empresas que operan desde hace años “en un vacío legal”, además de una mayor protección para el cliente en aspectos tan importantes como las garantías y RC.