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Daño colateral por Elena Goyanes

Elena Goyanes. Versal Comunicación. Miembro OPC Galicia

Los OPC’s opinan sobre la recomendación de prohibir el apoyo de la industria.

Los OPC hemos recibido atónitos la propuesta de la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados de prohibir la financiación privada para las actividades formativas, de investigación, divulgación y educación promovidas por las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Si la situación por el SARS-CoV-2 estaba ya llevando al sector al límite de su resistencia, la aprobación del punto 47.2 añadía un inesperado frente que, tras algunas semanas, sigue teniendo un único aspecto positivo: el haber conseguido unir en su contra a las sociedades, los pacientes y la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias.

Aunque las recomendaciones son solo eso, encomiendas, y que es el Gobierno el que decide sobre cuáles legisla, el mero hecho de poner la prohibición sobre la mesa es motivo de desaliento para muchas empresas que a causa de la pandemia están dejando atrás riqueza y puestos de trabajo exactamente al mismo ritmo con el que avanza la transmisión del virus en España.

Hace ya una década que los OPC somos notario fiel del inmenso valor de la relación entre las sociedades científicas y la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias, testigo de primera mano de la profesionalidad, solvencia y transparencia con las que se aplican las normas que regulan dicha relación, tanto las autoimpuestas por Fenin y Farmaindustria como las leyes nacionales y directivas europeas que les afectan.

El Congreso quiere prohibir y como alternativa propone que la formación continuada, la investigación y la divulgación se financie en exclusiva con fondos públicos en un país que está registrando caídas trimestrales del PIB de hasta el 18,5%. En el debate previo no se ha consultado a ninguna de las partes implicadas, ni por supuesto a los OPC ni al MICE como conjunto. En esto no somos protagonistas sino un daño colateral, pero precisamente por ello sí es pertinente dejar constancia de que legislar la prohibición supondría la desaparición de más de un millar de congresos médicos anuales y, seguramente, que capitales como Madrid o Barcelona dejasen de liderar los ránquines mundiales de ciudades más atractivas para el turismo de congresos.

Para comprender el desolador alcance de la propuesta quizá sea suficiente con recordar que, en 2019 tan solo tres congresos médicos, ERS, EULAR y EADV, trajeron a Madrid a 50.000 investigadores, expertos y facultativos de todo el mundo y negocio por valor de más de 70 millones de euros. Y esa es la riqueza científica, de formación, de oportunidad de relaciones, de visibilidad de la investigación española y de imagen de país de la que estamos hablando.

Elena Goyanes
Versal Comunicación
Miembro OPC Galicia