Ante el reciente acuerdo alcanzado por la CEOE y el Gobierno para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 30 de junio, el Foro MICE – federación empresarial que integra a los actores de la industria de eventos, congresos, incentivos y ferias – rompe con unas declaraciones de la mano de su presidenta, Matilde Almandoz, “no se puede resolver una situación nueva con medidas viejas. Y añade “el acuerdo presentado de manera algo triunfalista por CEOE, sindicatos y Gobierno revela una mirada trasnochada sobre el alcance del turismo, la primera industria del país, y denota un profundo desconocimiento de la realidad empresarial del MICE, un sector en el que si España quiere seguir siendo líder mundial debe preservar su tejido empresarial altamente especializado en toda la cadena de valor”.

El sector sanitario español cuya formación se realiza en congresos y reuniones fue el primer segmento MICE que, tras el Mobile, detuvo brutalmente su actividad. Tras él se paralizaron conferencias, incentivos, eventos y ferias. El MICE fue la primera actividad en parar y será la última actividad en salir, por razones obvias, inherentes a la singularidad de los encuentros presenciales y a la tipología de servicios.

A lo largo de estos cien días las empresas y los profesionales han visto caer a 0 su facturación y han invertido la mayor parte de su tiempo en gestionar su supervivencia.  Los próximos meses no serán mejores y la nueva normalidad tardará en llegar al ritmo del control de la pandemia y de la recuperación de la confianza internacional.

El MICE es un sector estratégico para la marca España y como tal necesita medidas laborales nuevas y audaces, prácticas y sencillas en su operativa. La producción de reuniones y eventos requiere de un periodo de gestación durante el cual las empresas han de sobrevivir. La finalización de la alarma sanitaria no implica la reanudación automática de la producción y la facturación en el MICE. Por ello, solicitamos la extensión de los ERTES por fuerza mayor hasta el 30 de noviembre y la revisión de toda la batería de medidas laborales, financieras y fiscales necesarias para la supervivencia del sector.